Giubergia denunció que se negaron recursos a la Universidad de La Matanza

POLÍTICA

El vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Miguel Giubergia (UCR-Jujuy), en su intervención en la sesión de hoy como miembro informante del proyecto en minoría de la ley de presupuesto 2013 presentado por su bancada, anticipó el rechazo a la iniciativa del oficialismo al que acusó de traerla al debate “a los empujones”; la calificó como un “plan de ajuste" y dijo que fue presentado por el kirchnerismo en momentos en que “la población se encontraba con un sector importante de las fuerzas de seguridad manifestándose por el recorte en sus haberes, situación que hoy continúa sin solución”. 

 Giubergia insistió en el rechazo al proyecto oficialista “sin que esto signifique una postura obstruccionista y necia”. Dijo que, “el rechazo tiene el objetivo explícito y superior de alcanzar un proyecto de ley razonable y, fundamentalmente, que dé respuesta a las necesidades de toda la población”. Agregó que, “el gobierno escapa a la comprensión del concepto de que tienen que gobernar para toda la población”. “No es un programa de gestión sino un plan de ajuste que va en contra de los sectores más vulnerables y choca de frente con el federalismo”, y añadió: “Desde la UCR venimos objetando la sistemática violación al orden institucional de este gobierno en cada presentación del presupuesto”. 

 Al criticar la ausencia de los funcionarios que la UCR pidió se hicieran presentes en la comisión para explicar el proyecto, Giubergia expresó: “Una vez más, haciendo gala del oscurantismo que practica este gobierno con los fondos públicos, denegó a los representantes del pueblo el derecho a pedir las correspondientes explicaciones”. Remarcó que, “por qué van a querer dar explicaciones, si en este país no pasó nada malo.

 Nunca tuvimos una masacre en la estación de Once; no muere nadie en situaciones violentas a causa de la inseguridad; tampoco sufrimos el asesinato de un ciudadano de Humahuaca que se opuso a grupos armados financiados con dinero público”.

 “Nunca falta energía que parece que es un bien superabundante en nuestro país, más en la provincia de Chaco; todas las familias argentinas parecería que son propietarias de una vivienda digna”, ironizó Giubergia, y sostuvo que el gobierno actúa “como si no hubiera inflación; como si los empleados que ganan apenas para cubrir una canasta digna no pagaran impuesto a las ganancias; como si los 9 años de gobierno kirchnerista nunca hubieran ocurrido y que, en otra práctica reiterativa del oficialismo, la historia se borra y reescribe día a día. 

Dejar pasar a libro cerrado este proyecto implica ser cómplices de todo lo ocurrido, y de lo que va a seguir ocurriendo”. Giubergia también se refirió al recorte a las fuerzas de seguridad y enfatizó “esto no es solo una ofensa a los trabajadores, sino un muestra más de la necedad del gobierno que niega la inseguridad y pone en riesgo el bienestar de todos los ciudadanos.

 No hubo ningún error, como quieren hacernos creer, el gasto en personal de la genderamería nacional está estimado un 2% por debajo del correspondiente al corriente año y, ademáss se proyecta aumentar la cantidad de efectivos, lo que llevaría el salario promedio por agente a reducirse casi 8% nominal. Si tomamos incluso la falaz inflacíon oficial, se estaría practicando una reducción del 20% en el ingreso de los miembros de dicha fuerza”. 

 En cuanto a la educación, Giubergia dijo: “este gobierno se congratula a si mismo diciendo que ha subido el gasto en educación pero sin observar que la calidad de la misma se encuentra igual o peor que antes -como se evidencia cada vez que se evalúa el nivel a través de mecanismos internacionales- ha decidido castigar en el 2013 a la educación universitaria, reduciendo la partida correspondiente frente a lo acordado en el Consejo Interuniversitario Nacional en 3.000 millones de pesos. 

Y una de las unidades académicas más afectadas es la Universidad de La Matanza, que cada vez va a quedar más lejos de Harvard. Nosotros, proponemos elevar los fondos asignados a las universidades al nivel solicitado por el C.I.N. y aplicar los criterios de distribución consensuados por los rectores y rectoras”. “Es decir, en todos los aspectos que la sociedad reclama por la inoperancia del gobierno, el oficialismo hace oídos sordos: seguridad, transporte, energía, educación. 

Todas siguen siendo materias pendientes”, advirtió. “Desde 2004 a la fecha los números del presupuesto nacional al inicio de cada ejercicio no se corresponden con el nivel de gasto público al final de cada año, situación agravada desde que el poder ejecutivo nacional distribuye discrecionalmente los excedentes de recaudación a través de decretos de necesidad y urgencia”, sostuvo. 

 Añadió: “la inversión pública en infraestructura se ha convertido en una nebulosa desde que buena parte de su financiación se canaliza a través de fideicomisos de escasa transparencia y dudosos mecanismos de control, con la agravante de que a partir de 2010 gran parte de esas obras no tienen ni siquiera registro como gasto público, violando las normas básicas de la contabilidad pública”. 

 “El destino de las diversas regiones del país ha quedado librado a políticas erráticas, inspiradas por la coyuntura electoral, y a la bendición de contar con algún recurso natural que otorgue una ventaja económica relativa y la voluntad política discrecional del ejecutivo de turno”, indicó Giubergia. 

 “Se impone la necesidad de fijar límites a los `cheques en blanco´ que el gobierno quiere seguir extendiendo a una irresponsable administración de la aerolínea de bandera y para cubrirr los inocultables errores en la política energética”, dijo el diputado jujeño y continuó “en los primeros siete meses del 2012, se ha gastado casi 2.700 millones de dólares en la compra de gas al exterior, un 90% más que en 2011. La producción gasífera de YPF cayó el 11,24% en la primera parte del año y, la amarga verdad es que la compañía no dispone de recursos propios para revertir la crisis energética”. 

 El Vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda agregó: “Estos vicios presupuestarios se acentúan cada vez que enfrentamos un año electoral. 

El proceso de elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto general de gastos y recursos de la administración nacional está claramente establecido en la Constitución; corresponde al Ejecutivo la ejecución, siendo atribución de este Congreso la aprobación”.

 “En consecuencia, el proyecto de presupuesto debe reflejar el programa general de gobierno y el plan de inversiones públicas. Mientras que el Poder Ejecutivo se financia con la plata del Anses y el Banco Central, se obliga a los mandatarios provinciales a arrastrarse para conseguir recursos, echando por tierra el federalismo de nuestra Nación”, concluyó Giubergia.