El ex juez español Baltasar Garzón respaldó el procesamiento de Blaquier

JUJUY

El ex juez español Baltasar Garzón respaldó el avance de la causa judicial en la que está procesado el empresario Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, por crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura cívico-militar.

 “Espero que las causas, y esta en particular, la del ingenio Ledesma, llegue hasta sus últimas consecuencias”, dijo Garzón antes de reunirse en la capital jujeña con el juez federal Fernando Poviña, el magistrado que procesó a Blaquier por su responsabilidad en la desaparición de 29 personas. 

 El juez español, quien asistió más tarde a un multitudinario acto en la sede de la organización político-social Tupac Amaru, en el centro de San Salvador, subrayó que se trata de “un juicio legal, justo y con todas las garantías”.

 “La dictadura no se construye sólo con la fuerza militar, sino con los apoyos del ámbito económico, que también deben de ser valorados y enjuiciados, si hay indicios de que han cometido esos crímenes. 

La ley es igual para todos”, subrayó Garzón. De la reunión con Poviña participaron también el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto; el titular de la Unidad Fiscal de seguimiento de causas por violación de los derechos humanos, Jorge Auat, y la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, entre otros.

 “Entre todos y todas debemos proteger a Poviña, porque la fuerza de un hombre sólo puede mover montañas pero también puede ser silenciada”, dijo Garzón a la multitud que lo recibió en la sede de la Tupac Amaru, principal organización político-social de Jujuy. El juez español que procesó a represores latinoamericanos, oponiendo la “jurisdicción universal” a la impunidad que imperaba en la región, y que fue apartado del cargo en España cuando intentó investigar los crímenes del franquismo, aludió a los contrastes entre lo que pasa hoy en su país y en la Argentina.

 “Argentina lidera el movimiento de los derechos humanos en el mundo. Está en esa línea de que los derechos humanos pueden ser un buen programa de gobierno”, dijo en el acto en la casa de la Tupac, ante militantes de organizaciones de derechos humanos y sociales.

 Garzón recordó cuando el presidente Néstor Kirchner “dijo basta y otorgó la voz a la justicia, esa línea que simultáneamente defendió y luego continuó Cristina Fernández de Kirchner”. 

 En declaraciones a la prensa, relató que con Poviña hablaron “de la situación del proceso, siempre con la reserva que el juez tiene que tener respecto a las investigaciones”, y destacó “la decisión” del magistrado y su equipo “de seguir adelante con esa investigación”. 

 Garzón respaldó la causa en curso como “una medida de salud democrática, sobre todo de reparación a las víctimas, que durante tanto tiempo no han tenido”. Respecto de la posibilidad de que sean juzgados en España los crímenes del régimen de Francisco Franco, aludió a “la dificultad que siempre hay cuando se tocan temas de tanta sensibilidad, para algunos entendida como impunidad y para otros como necesidad de que se repare a las víctimas a través de la verdad, la justicia y la reparación integral”.

 Por su parte, Milagro Sala saludó la visita de Garzón como “un hecho político que marca que el camino por la verdad que adoptamos hace tantos años es el correcto”. 

 “Esto nos ayuda a tener mayor compromiso, mucha más fuerza para seguir acompañando a los compañeros que están trabajando con los juicios de lesa humanidad y para fortalecer la calle después de un 24 de marzo que hizo que se vaya el juez (Olivera Pastor) que no movía la causa y que hoy esté Poviña”, dijo la dirigente de la Tupac. 

 Sala agregó que persistirá “esta lucha hasta que los responsables por la desaparición de nuestros compañeros paguen con cárcel común por los crímenes que cometieron”. Carlotto y Auat coincidieron en destacar el avance en la causa judicial a cargo del juez Poviña, “que involucra a un grupo económico tan poderoso para el país y para Jujuy”, y que “abre el camino a los procesos de investigación sobre la complicidad civil” con la dictadura por parte de “los grupos económicos concentrados”.

 “Tenemos varias causas en el país que están vinculadas a este tipo de responsabilidades, entre ellas, la vinculada a la situación de Papel Prensa y la apropiación ilegal de esa empresa bajo tortura” por parte del Grupo Clarín, dijo el legislador. 

 Los dos recordaron que el fin de la impunidad en Jujuy comenzó cuando una gran movilización popular encabezada el 24 de marzo de este año por Milagro Sala derivó en la renuncia del juez federal Carlos Olivera Pastor, quien fue sustituido por Poviña. “Yo creo que ese clamor social es el que produjo el cambio. 

Más allá de que había viento de cola, creo que la gran movilización de Milagro fue la hizo posible el cambio de la historia en Jujuy”, expresó el titular de la Unidad Fiscal. Olivera Pastor fue denunciado por querellantes, organismos de derechos humanos y la Unidad Fiscal como un factor determinante de la impunidad que reinó en Jujuy hasta este año. 

 Desde que fue sustituido por el juez Poviña, comenzó en lo que va de 2012 el juicio contra represores que unifica cinco causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y fueron procesados Blaquier y un ejecutivo del ingenio azucarero Ledesma. 

 Este viraje fue señalado también, en el acto en la sede de la Tupac Amaru, por dirigentes de organizaciones de derechos humanos como Inés Peña, Adriana Aredez y Hugo Condorí.